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Proceso judicial 25S

08/10/2012 01:27 |
Esteban AbogadosLegislación

Tras la imputación de 8 personas por la convocatoria de la manifestaciones del pasado 25 de Septiembre, el Juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, revisará los videos de la sesión del Congreso de los Diputados para ver si hubo alguna alteración producida por la convocatoria popular.
Esta información, se pretende añadir a las causas abiertas a estas 8 personas presuntamente convocantes y promotores de la manifestación ante el órgano constitucional.

Pedraz, días atrás, no estimó que la causa debiera ser llevada por la Audiencia Nacional considerando que la manifestación no influyó en el normal funcionamiento de la Cámara y no se produjo ningún incidente reseñable dentro del perímetro de seguridad. Además, este hecho no fue considerando en ninguno de los atestados. De ahí, que en primer momento el Juzgado de Instrucción número 8 se hiciera cargo del proceso, pero todos los acusados fueron puestos en libertad devolviendo la causa a la Audiencia Nacional por interpretar que la convocatoria, si influyó en la desarrollo del pleno de la Cámara Baja y, por lo tanto, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal.

Finalmente, el diario de sesiones no pone de manifiesto que los hechos perturbaran el desarrollo normal de la sesión. De hecho, son varios los testimonios dentro de la cámara que coinciden en que las protestas sociales no amenazaban la función de diputados y además, este tema no interfirió en el orden del día.

Si no existen nuevas informaciones de los testimonios que revelen datos inéditos, la Audiencia Nacional deberá buscar la forma en la que cerrar la causa abierta.

Artículo 494 Código Penal español
Este artículo del Código Penal se encuentra bajo el Capítulo III referente a los que delitos contra las Instituciones del Estado y la división de Poderes. En concreto, el 494 se engloba dentro de los delitos contra las Instituciones del Estado y menciona a los promotores, directores o presidentes de manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, que perturben el normal desarrollo de las labores cuando estén reuniones. Este tipo de actos se encuentran castigados con penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.

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